Siete congresistas fujimoristas y el aprista Javier
Velásquez Quesquén cerraron filas a favor del fiscal de la Nación. Lo mismo
sucedió en el caso del parlamentario Héctor Becerril.
Estas designaciones se producen en medio de una polémica protagonizada por Chávarry quien amenazó al presidente Martín Vizcarra con tramitar las denuncias que han sido presentadas en su contra. |
Los votos de Fuerza Popular en la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales del Congreso fueron claves para que se rechazaran los informes
que recomendaban sancionar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y al congresista
Héctor Becerril, de la mencionada bancada.
El documento sobre el caso de Chávarry, elaborado por Juan
Sheput (Peruanos por el Kambio), recomendaba su destitución e inhabilitación de
la función pública por un período de 10 años, debido a que habría infringido
cuatro artículos de la Constitución.
Chávarry fue denunciado por haber presentado distintas
versiones respecto a las conversaciones que tuvo con el destituido juez supremo
César Hinostroza en el caso de los audios del CNM. También por las diferentes
explicaciones que dio sobre una reunión con periodistas en la casa del
empresario Antonio Camayo, aspirante a colaborador eficaz en el caso de Los
Cuellos Blancos del Puerto.
“Los hechos cometidos han quebrado la veracidad y la
transparencia inherentes al cargo que ostenta”, señaló el parlamentario
oficialista durante su exposición. También sostuvo que Chávarry “aceptó
favores” de miembros de la supuesta organización criminal.
Pero los integrantes de Fuerza Popular en la subcomisión se
mostraron en contra de lo expuesto. En su intervención, Milagros Salazar dijo
que el documento “no corresponde, está vacío, no tiene sustento”.
“Lo único que están tratando de hacer es sacar a un fiscal
incómodo para Lava Jato. ¿Y quiénes están incluidos en Lava Jato?”, expresó.
En tanto, Javier Velásquez Quesquén (Partido Aprista)
consideró que si bien Chávarry mintió sobre las reuniones, estos hechos no
ameritaban una denuncia constitucional.
“El informe da una mala valoración. Una falta
ética y funcional”, cuestionó. “No se cumplen en el informe los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad para la acusación”, acotó Velásquez.
BECERRIL
El primer punto de la agenda fue el informe de César Vásquez
(APP) contra Becerril, por supuestamente haberse reunido en enero del año
pasado con los ex miembros del CNM Guido Aguila y Baltazar Morales en la
vivienda del primero, en Lince.
El fin de la cita –de acuerdo con el informe– era persuadir
a Morales para que votara por Julio Gutiérrez Pebe en la elección para la
presidencia del consejo.
Las pruebas reunidas, explicó Vásquez, permiten afirmar que
Becerril intentó interceder ante un servidor público para “orientar su voto en
un sentido determinado”. “La reciprocidad [a favor de Morales] estaba implícita
en [el pedido para] el sentido de su voto”, añadió.
Por ello, recomendó suspenderlo de su función, inhabilitarlo
por 10 años (juicio político) y acusarlo por los delitos de tráfico de
influencias y cohecho activo genérico (antejuicio).
Durante el debate, sin embargo, quedó claro que Fuerza
Popular discrepaba de las conclusiones del informe y que, por lo tanto, se
opondría a una sanción contra Becerril.
Mario Mantilla, por ejemplo, señaló que “una reunión no es
ningún delito” y que no había indicios sólidos para inferir que Becerril
ofreció algo a Morales a cambio de su voto. Karina Beteta, en tanto, consideró
que en el informe solo se tomó en cuenta la versión ofrecida por el ex
consejero Morales y que en el documento “no existen pruebas que la corroboren”.
DUBERLÍ
Por otro lado, la subcomisión aprobó, con 12 votos a favor y
una abstención, archivar la denuncia constitucional contra Duberlí Rodríguez,
ex presidente del Poder Judicial, por “no haber cumplido con su labor” en medio
de la crisis del sistema de justicia desencadenada tras la difusión de los
audios del CNM.
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