La
resolución de la prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular duró más de 6 horas.
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Juez Concepción Carhuancho aceptó la tesis fiscal que sindica
a Keiko Fujimori como la cabecilla de una
presunta organización criminal
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El juez Richard Concepción Carhuancho dictó este miércoles 36
meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular (FP) Keiko Fujimori, tras aceptar la tesis
fiscal que le imputa ser la cabeza de una presunta organización
criminal al interior de su partido que lavó US$ 1 millón entregados por
Odebrecht en el 2011.
El juez indicó que existe un alto grado de probabilidad de que
se habría cometido el presunto delito de lavado de activo dispuesto por
Fujimori Higuchi, quien ordenó la conversión, transferencia, ocultamiento,
y tenencia del dinero ilícito.
"Con relación a Keiko
Fujimori, este despacho considera que sí existe sospecha grave que esta
persona sería líder de una organización criminal creada de facto al interior de
Fuerza Popular para lavar activos provenientes de la empresa Odebrecht",
indicó.
El juez indicó también que en calidad de autora, con
el asesoramiento de Pier Figari, Ana Herz de Vega, Vicente Silva Checa y
Carmela Paucará, “dispuso” que los representantes de Fuerza 2011 (hoy Fuerza
Popular) Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya solicitaran activo ilícitos a la
empresa Odebrecht y que
reciberon conjuntamente US$1 millón de dólares.
Agregó que el dinero se ingresó a la campaña electoral por
intermedio de su entorno. En la región San Martin mediante el congresista
Rolando Reátegui y en Lima, a través del empresario Jorge Yoshiyama Sasaki,
sobrino de Jaime Yoshiyama.
Además, el juez acogió la tesis de que Keiko Fujimori dispuso que se realicen actos
de transferencia del dinero a través de personas allegadas, usando actividades
proselitistas como la "Gran Rifa" y una cena.
Así también acogió la presunción que los primeros US$500 mil
entregado por Odebrecht fueron ingresados a la campaña en el año 2010 como
"ingresos por actividades proselitistas" y los otros US$500
mil, en el 2011 "aportaciones individuales".
"Sobre todos estos elementos de convicción, este despacho
considera que la empresa Odebrecht habría hecho la entrega de US$1 millón a
Fuerza 2011, liderado por Keiko Fujimori con
cargo a cuenta de la Caja 2 de la empresa Odebrecht. De lo que se desprende que
estos fondos que habrían salido de Odebrecht y terminaron en la campaña del
2011 y habrían sido fondos de carácter ilícito”, resumió el juez Concepción
Carhuancho.
-Elementos corroborados-
Para sostener su posición, el juez se respaldó en las
declaraciones de diversos colaboradores eficaces, testigos protegidos, así como
las declaraciones de los empresario brasileños, Marcelo Odebrecht, Jorge
Barata, Luiz Mameri, y otros.
Sobre la credibilidad y corroboración de estas declaraciones
indicó que documentos hallados en la casa del coinvestigado Vicente Silva
Checa, las actas de diligencia fiscal, los chats de "La Botica"
revelados, entre otros; demostrarían el poder de la cúpula de la presunta
organización criminal.
A esto, se suma las declaraciones de los aportantes que han
negado la entrega de dinero o los testigos que han reconocido haber prestado
sus nombres para la "colocación" de los dinero presuntamente
ilícitos.
El juez toma tomó como elemento de convicción la declaración de
María Lidia Gobitz Morales (ex gerente de fiscalización de ONPE) quien señaló
que Fuerza 2011 no detalló los nombres de las personas que adquirieron las
"Gran Rifa" y "Cocteles" del partido mediante los que se
registraron aportes.
El juez también incluyó en su análisis sobre los chats de
"La Botica" y dice que sin entrar al tema político, se demuestra que
congresistas iban a buscar medios afines "como los diarios chicha"
para atacar al fiscal José Domingo Pérez.
Además, consideró que existe un alto grado de peligro de fuga de
parte de Keiko Fujimori por
estar sujeta a una pena muy alta de ser condenada en el futuro a una pena entre
10 años, como mínimo, y 13 años de prisión, como máximo.
A eso se suma, dijo el juez, el poder que tendría sobre
entidades como el Ministerio Público y el Poder Judicial, a través del ex juez
supremo César Hinostroza Pariachi y del fiscal Pedro Chávarry. "Es decir,
un comportamiento de interferencia en el sistema de justicia y que podía tener
impacto en esta investigación", sostuvo.
Ello, indica se vuelve a poner en evidencia con la
declaración del "TP 2017-55-3" de donde se concluye que "Fuerza
Popular quería tener presionado al fiscal de la Nación, Pedro Chavarry y
blincar César Hinostroza, que esto demostraría que querían captar el sistema de
justicia".
Concepción Carhuancho indicó que los fundamentos de su
resolución se plegaron al fallo del Tribunal Constitucional sobre el caso
Ollanta Humala y Nadine Heredia, donde -agregó- una audiencia de prisión
preventiva "se convirtió en un mini-juicio".
Keiko Fujimori fue será conducida en breve al local de Medicina Legal y
posteriormente a la carceleta de Palacio de Justicia a la espera de que el
Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decida a qué penal será enviada para
cumplir la prisión preventiva.
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