Tarifas de luz para hogares no subirían por ajustes en el sector energía

Un proyecto de ley plantea eliminar variaciones en el mercado de generación de electricidad. 

El efecto del proyecto de ley 2320/2017-CR sería sincerar los precios de la energía eléctrica en el mercado local.

Pagar el servicio de luz es uno de los gastos que la mayoría de familias cuida al detalle, por lo que un incremento en las tarifas no dejaría indiferente a muchas. Así, indiferencia fue lo último que generó una advertencia de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) respecto a que los precios para los hogares podrían subir 10% en el mediano plazo.

Si bien ese gremio empresarial señalaba a inicios de octubre que la aprobación del proyecto de ley 2320/2017-CR podía generar tal efecto, la realidad sería otra. Al menos así lo afirma Mario Gonzales, gerente de Desarrollo de Luz del Sur, quien dice que el efecto de la propuesta sería el sinceramiento de los precios en favor del mercado y que no perjudicaría a los hogares.
La norma implementaría ajustes en la declaración de los costos de producción de la energía en el mercado de energía eléctrica.

El mecanismo involucraría a empresas generadoras que usan recursos energéticos renovables (RER), que producen energía eléctrica mediante uso de gas y que declararían bajos costos de producción sin necesariamente sustentar los costos reales del gas que emplean para producir electricidad, pues ello fue permitido con un decreto supremo.

“El pago garantizado está en US$65. Si la fuente de pago fuese el precio del mercado spot real, el renovable recaudaría (por ejemplo) US$24 del mercado spot, y la diferencia la pagaríamos todos los peruanos. Pero como hay la posibilidad de que declaren US$10 (y no US$24), no solo pagamos los US$41, sino US$14 más. Esos US$14 son un subsidio directo al generador. Siete millones de usuarios estamos subsidiando a un grupo de empresas de generación”, asegura.

“Los generadores reportarán y sustentarán anualmente sus costos reales de generación”, se lee en el artículo 1 del documento, que a la fecha permanece pendiente de debate en la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso.