Alan García pidió asilo político en la embajada de Uruguay


El ex mandatario permanece dentro de la embajada de Uruguay. La solicitud se realizó horas después de que se ordene su impedimento de salida por 18 meses. 

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores

Poco menos de 24 horas después que el Poder Judicial ordenara impedimento de salida por 18 meses a Alan García, este solicitó asilo diplomático al gobierno de Uruguay. La noticia fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo al comunicado de la entidad estatal, Alan García llegó a la embajada de Uruguay el sábado 17 por la noche y permanece en dicho lugar. "El ex presidente ha solicitado asilo a ese país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay", se lee en el comunicado.



Como se recuerda, Alan García es investigado por el Ministerio Público por el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht. La investigación en su contra se extendió luego que IDL revelara que en el 2012 recibió 100 mil dólares por una conferencia que dio en Brasil y que salió de la Caja 2 de la corrupta empresa.

Luego que Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción a cargo del juez Carlos Sánchez Balbuena ordenara la medida contra Alan García, este dijo: "Para mí no es una sanción estar 18 meses en mi patria y apoyar al Aprismo".

Esta posibilidad de pedir asilo en el extranjero era una posibilidad que ya se manejaba hace unos días. En una entrevista para Sigrid.pe, Heriberto Benítez comentó lo siguiente sobre el caso de Alan García. "“Todo hace presumir que el próximo paso sería una prisión preventiva, pero las autoridades tienen que tomar el cuidado del caso porque no por el hecho que se haya dictado un impedimento de salida del país, García pueda eludir la acción de la justicia”, comentó.

La solicitud, como indica la citada convención, deberá ser evaluada por el gobierno uruguayo. El Perú, por su parte, tendrá que presentar información a las autoridades uruguayas de acuerdo al artículo IX de la Convención sobre Asilo.

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