Políticos uruguayos sostienen que la figura ampara a perseguidos políticos y no acusados de delitos comunes.
El paso de las horas hizo que el pedido de asilo del expresidente peruano Alan García en la residencia del embajador uruguayo en Lima, Carlos Barros, comenzará a sumar cuestionamientos de la oposición que entiende que no correspondería concedérselo al político porque es investigado por corrupción y no perseguido por sus opiniones.
Al gobierno del presidente Tabaré Vázquez le apareció un problema inesperado y la decisión que tome dependerá en buena medida de la información sobre los motivos por los que García es investigado que Perú le enviará. El presidente incaico, Martín Vizcarra, le dijo a su colega uruguayo Tabaré Vázquez que eso ocurrirá hoy mismo.
Un asunto extranjero amenaza transformarse en un motivo de controversia política doméstica en el umbral del año electoral como consecuencia de otra vuelta de tuerca en la novelesca vida de García.
El expresidente es acusado de corrupción y un fiscal había dispuesto que no podía salir de Perú por 18 meses. García, dos veces presidente de su país, ya estuvo asilado en otra oportunidad en la embajada de Colombia en Perú y últimamente había estado viviendo en España. Ahora se encuentra en la residencia del embajador Barros, un funcionario de carrera de larga trayectoria, ubicada en el exclusivo sector limeño de San Isidro.
Todo lo vinculado al asilo en América del Sur está regulado por la Convención de Caracas que varios países de la Organización de Estados Americanos (como Perú y Uruguay) firmaron en la capital venezolana en 1954. La firma fue en parte necesaria luego del asilo en la embajada colombiana en Lima de Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Apra, el histórico partido socialdemócrata peruano a quien García tiene como referente.
Haya de la Torre estuvo entre 1950 y 1954 en la embajada. En una América Latina con frecuentes golpes de Estado varios países americanos consideraron entonces necesario regular el instituto del asilo.
Fuente: El País
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