Documento preliminar debatido en setiembre encontraba
responsable al ex presidente de infringir la Constitución e indicaba que pudo
haber sido investigado, pero fue desestimado
Alan Garcia fue retirado del informe sobre el Metro de Lima |
Un informe preliminar de la Comisión Lava Jato del Congreso
referido al caso de la Línea 1 del Metro de Lima señalaba entre sus
conclusiones que el ex presidente Alan García habría incurrido en infracción de
la Constitución y de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, según
informó el dominical “Cuarto Poder”.
En el documento, de acuerdo con el programa de TV, se daba
cuenta de que debido al “interés” del ex mandatario Alan García de sacar
adelante la obra antes de culminar su segundo periodo presidencial, se provocó
que su costo se elevara, que se le exonere del SNIP y que se emitieran decretos
de urgencia que permitieron tener un sistema de contratación a favor de la
constructora Odebrecht. Ello, además, en medio de 15 reuniones que el líder
aprista mantuvo con funcionarios de la empresa brasileña, como el propio
Marcelo Odebrecht y Jorge Barata.
En el informe previo sobre el Metro de Lima se dejaba constancia
de que Alan García habría infringido el artículo 118 de la Carta Marga,
referido al cumplimiento de los tratados y leyes por parte del presidente; así
como de los artículos 6° y 7° de la Ley del Código de Ética de la Función
Pública, que demandan al funcionario probidad y neutralidad.
Sin embargo, además de esto, se sostenía que, conjuntamente
con la actual investigación fiscal que se sigue por este caso, se pudo haber
iniciado otras pesquisas a nivel penal en contra de Alan García por los delitos
de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, aunque se
refiere que al momento de realizarse el informe ya habían prescrito.
—García Belaunde ve blindaje—
No obstante, al momento de someter a debate el documento
entre todos los miembros de la Comisión Lava Jato, esto no figuraba entre sus
conclusiones, en donde sí se les imputaba a personajes como el ex ministro
Enrique Cornejo, el ex viceministro Jorge Cuba y al ex funcionario Edwin Luyo
la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir.
En la sesión, el congresista de Acción Popular Víctor Andrés
García Belaunde hizo hincapié en esta ausencia, y en que los delitos atribuidos
al ex mandatario no habían prescrito puesto que, según el Código Procesal
Penal, el plazo de aplicación se duplicaba en caso de funcionarios públicos que
atentaron en contra del patrimonio del Estado.
Esto se sometió a votación, pero finalmente con votos de
Fuerza Popular y del Apra se determinó la exclusión de Alan García del informe.
García Belaunde contó que solo votaron por la inclusión el congresista de
Peruanos por el Kambio Gilbert Violeta y él, y se abstuvo Humberto Morales,
vicepresidente del grupo.
Al respecto, a través de un comunicado, Morales expresó:
"Nuestra votación fue en abstención, insistimos, porque consideramos que
debe investigarse de forma integral al señor AG por todos los hechos que lo
comprometen y no solo por una fracción de ellos. Se le
ha consignado por uno de los tantos hechos para 'contentar y
contener' a la población. Nosotros merecemos saber la verdad, una verdad
completa y no a medias".
Semanas después, en otra sesión, en el informe final de la
Comisión Lava Jato sobre esta obra solo se logró atribuirle al ex presidente
las presuntas infracciones constitucionales, mas no los supuestos delitos,
según informa “Cuarto Poder”.
Consultado por si hubo un ánimo de blindar a Alan García,
García Belaunde respondió: “La votación está ahí, claro que sí”
Cabe recordar que el pleno del Congreso de la República
tiene previsto someter a debate este miércoles todo el informe final de la
Comisión Lava Jato, respecto a los distintos proyectos que investigó desde su
conformación.
—“No hay nada ilícito—
Erasmo Reyna, abogado de Alan García, sostuvo que la
participación del ex presidente en el proceso de adjudicación del proyecto fue
en el marco de sus competencias y “no hay nada ilícito”. En esa línea, dijo no
conocer el informe de la comisión y refirió que lo señalado por el dominical
“es más de lo mismo”.
“La expedición del decreto de urgencia y las visitas a
Palacio de Gobierno ya son materia de una investigación por tráfico de
influencias en el Ministerio Público. Las referencias de los testigos que han
declarado corroboran una actuación lícita y legal por parte de ex presidente”.
De otro lado, adelantó que el fiscal José Domingo Pérez ha
programado citar al ex mandatario en noviembre como parte de la investigación
por el caso de la línea 1 del metro de Lima.
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